UN POC DE PIC

Este país en el que nos ha tocado vivir tiene ciertas peculiaridades que lo distinguen de otros de su entorno.
Una de ellas es que los políticos de cada una de las múltiples administraciones que mantenemos, para justificar sus sueldos, pensiones, dietas e inmunidad jurídica se ven "obligados" a legislar cada uno de los diferentes aspectos de la vida de los contribuyentes.
Fruto de ese interés por evacuar normas y reglamentos es la sobrerregulación con que se encuentran diversos sectores, entre los que se cuenta (¡Cómo no!) el sector náutico.
El año pasado fue el RD 62/2008 el que complicaba enormemente la organización de regatas.
Este año es la RFEV la que se sube a la burra obligando a hacer unos cursos de salvamento que (mira por dónde) sólo ella misma puede homologar.
Para colmo esta semana, el Consell Insular de Menorca, saltándose a la torera su falta de competencias en este tema, ha iniciado los contactos para la elaboración de un Plan Insular de la Costa.
Y no es que creamos que no se tenga que planificar el crecimiento de los amarres y fondeos ni su ordenación, sino que para hacer eso ya existe una Demarcación de Costas que depende del Ministerio de Medio Ambiente.
Esa Demarcación de costas ya tiene su dotación de funcionarios y técnicos que cobran para planificar las actuaciones que deben hacerse en la Costa de Menorca y por lo tanto no tiene ningún sentido que aparezca otra administración e intente justificar sueldos y cargos poniendo a sus funcionarios a trabajar en lo mismo que la primera.
No tiene ningún sentido lógico ni práctico.
Lo lógico, práctico y de paso más económico para el contribuyente sería que los técnicos de Costas estuvieran siempre trabajando en planificar el desarrollo y la conservación de la zona del litoral que tengan asignada. De esta forma no haría falta que apareciesen otros "artistas invitados" para "salvar" nuestra costa de una destrucción segura. Destrucción inevitable de no ser por su preclara visión e infusa ciencia sobre todo lo que ocurre donde la tierra toca al mar, que en nuestra isla es mucho.
El caso es que si nada lo evita, tendremos que añadir un PIC al cesto de originales normativas, que no existen en ningún otro lugar de España y que aumentan la inseguridad jurídica y la consiguiente parálisis empresarial de nuestra isla.
Y lo peor es que ese trabajo será pagado por partida doble con nuestros impuestos.