Una de las situaciones más llamativa de la actualidad
reciente es el reavivado conflicto que mantienen España e Inglaterra en el
Peñón de Gibraltar.
Este año se cumplen los trescientos años desde que se firmó
el infausto Tratado de Utrecht en Julio de 1713 y por el que España perdía
Menorca, Cerdeña, Sicilia, Flandes, Nápoles y el Milanesado, a cambio del
reconocimiento del Duque de Anjou como Rey de España por parte del resto de
potencias europeas en detrimento del Archiduque Carlos de Austria.
Al margen de las enormes pérdidas territoriales que sufrió
nuestro país, con dicho tratado nos apareció (dicho sea con el respeto que se
pueda merecer) un grano en el culo llamado Peñón de Gibraltar.
En los siglos posteriores
a la firma del Tratado de Utrecht
han sido muchos los litros de sangre derramada por marinos y soldados españoles
e ingleses en la lucha por la soberanía del peñón, pero con la construcción
europea y la eliminación de fronteras entre los estados miembros, parece que
ese conflicto deja de tener sentido.
Pero es justamente ahora cuando a los ingleses (o a la mala
copia de ellos que habita en el peñón) se les ocurre ampliar las ganancias que
tuvieron con el Tratado de Utrecht, incluyendo algo que nunca les ha pertenecido,
que son las aguas circundantes a la roca.
Algunos “malpensados” podrían decir que se trata de una
cortina de humo para evitar que se hable de la absoluta liberalidad con la que
el Reino Unido ha ido creando paraísos fiscales en sus colonias y excolonias. De una u otra forma han conseguido que hasta
la OCDE desmantele su lista de paraísos fiscales y con ella la coordinación
internacional para la lucha contra el fraude fiscal.
Pero lo cierto es que los pescadores españoles que faenan en
esas aguas para ganarse la vida tienen que enfrentarse diariamente con la
chulería y la arrogante ilegalidad de las amenazas de las patrulleras
gibraltareñas. Unas patrulleras que, a base de proteger a las planeadoras de
los contrabandistas que operan y amarran con total impunidad, se han convertido
en un eslabón más del contrabando más descarado que se puede contemplar en toda
Europa.
Esos pescadores sólo cuentan con el apoyo de la Guardia
Civil que, faltos a su vez del soporte decidido del Gobierno Español, se
encuentran luchando en solitario por evitar que los piratas gibraltareños se
apropien de las aguas españolas. Es sonrojante ver cómo nuestras autoridades
les dejan con el culo al aire en cuanto las cosas se ponen difíciles y las fricciones
suben de tono.
¿Y porqué escribir sobre este tema precisamente ahora, con
la que está cayendo? Pues porque el lector puede tener la absoluta certeza de
que los pescadores gaditanos y los Guardias Civiles destacados en las
patrulleras no son los únicos perjudicados por la desidia e inactividad de
nuestro gobierno. Muchos de los miles de millones que nos han robado los
políticos corruptos de este país están en algunas de las 80.000 empresas gibraltareñas
(para una población de 30.000 habitantes) o en cualesquiera otras radicadas en
las Islas del Canal, en Malta, en las Islas Vírgenes…etc.
Y es que eso de la piratería se lleva en la sangre.