Publicado en Gaceta Náutica del mes de octubre.
Hace ya muchos años, estudiando Derecho Mercantil en la universidad,
oía a mis profesores nombrar con frecuencia la figura del «legislador».
Por aquel entonces mi imaginación juvenil me traía a la cabeza la imagen
de un señor presumiblemente entrado en años, que conocía a la
perfección tanto la realidad social a la que dotaba de normativa como
los entresijos de la rama del derecho que desarrollaba.
Al poco tiempo alguien me aclaró que quienes hacen nuestras leyes no son
personajes doctos y sabios sino un puñado de políticos asesorados
mejor o peor por otro puñado de técnicos. Muchas veces esos técnicos son
nombrados a dedo, por lo que no es difícil pensar que el servilismo y
el afán por complacer a la mano que les alimenta puede sesgar la
elaboración de las normas de manera que se acaben satisfaciendo los
intereses de los políticos que vieron la oportunidad de llenar un vacío
legal y al mismo tiempo los bolsillos de algún individuo o colectivo.
De esta manera es como aparecen normas como el decreto 11/2011 de 18
de febrero que viene a ser el reglamento que desarrolla la ley 10/2005
de Puertos de las Islas Baleares. Un decreto que vio la luz entre los
últimos estertores del anterior Gobierno Balear y que a muchos nos
pareció una norma elaborada un tanto precipitadamente por el ejecutivo
saliente.
Pues bien, esa norma es la que ha posibilitado que en la asignación
de los nuevos amarres de base de la ampliación del puerto de Ciutadella
se den situaciones que rayarían lo cómico si no fueran dramáticas para
las personas que las sufren.
Para empezar, la norma elimina la prioridad de que gozaban las
personas físicas sobre las jurídicas a la hora de asignar un amarre de
base. Esa prioridad estaba recogida en el decreto 61/2001 de 20 de
abril, derogado explícitamente por este nuevo decreto.
En esa falta de prioridad de los particulares sobre las empresas se
ha escudado el actual ejecutivo para ir aún más allá de lo que dice la
nueva norma y dar prioridad a las empresas sobre los particulares a la
hora de asignar amarres de base. De este modo, del centenar largo de
nuevos amarres creados en la ampliación, a los particulares sólo van a
ir a parar una cincuentena y el resto se asignan «porque yo lo digo» a
diferentes empresas o incluso a particulares que pusieron el barco en
lista sexta para ahorrarse los impuestos y ahora, de propina, les ha
tocado un amarre sin pasar por la lista de espera.
Para continuar la nueva norma fija como primer criterio a la hora de
asignar un amarre de base la adecuación de la embarcación para la que
se solicita el amarre a las características del amarre disponible. Esto
puede parecer normal a primera vista pero ha provocado de hecho
situaciones delirantes.
En lugar de coger al primero de la lista y ofrecerle las diferentes
posibilidades de amarre que se han creado, lo que ha ocurrido es que se
han quedado sin amarre personas que lo habían solicitado para una barca
de, digamos 6,97 metros de eslora porque los amarres disponibles eran de
7 metros de eslora mínima.
En cambio otras personas con embarcaciones mayores pero mucho más
retrasados en la lista de espera han podido acceder a un amarre,
saltando por encima de otros que llevan más tiempo esperando pero que no
tuvieron la suerte de apostar a la eslora ganadora.
Para acabar decir que el segundo criterio de asignación es el de
residencia habitual, que el propio decreto indica que debe acreditarse
mediante certificado de residencia.
Aquí la norma se revela ineficaz en la defensa del «interés jurídico
protegido» que es la preeminencia de los residentes sobre los no
residentes. El instrumento de acreditación que fija es demasiado fácil
de conseguir por parte de un «no residente» como para ser un medio
efectivo de prueba de residencia.
Basta con tener una casa en la isla para que el ayuntamiento
correspondiente te expida los certificados que te hagan falta. La
solución pasaría por una solicitud de información a las bases de datos
de Hacienda y quedaría meridianamente claro dónde reside efectivamente
cada solicitante: dónde paga sus impuestos.
De este modo han logrado amarres de base personas que apenas pasan
en nuestra isla unos días de agosto mientras que muchos isleños se han
quedado con dos palmos de narices.