El Legislador

Publicado en Gaceta Náutica del mes de octubre.

Hace ya muchos años, estudiando Derecho Mercantil en la universidad, oía a mis profesores nombrar con frecuencia la figura del «legislador». Por aquel entonces mi imaginación juvenil me traía a la cabeza la imagen de un señor presumiblemente entrado en años, que conocía a la perfección tanto la realidad social a la que dotaba de normativa como los entresijos de la rama del derecho que desarrollaba.

Al poco tiempo alguien me aclaró que quienes hacen nuestras leyes no son personajes doctos y sabios sino un puñado de políticos asesorados mejor o peor por otro puñado de técnicos. Muchas veces esos técnicos son nombrados a dedo, por lo que no es difícil pensar que el servilismo y el afán por complacer a la mano que les alimenta puede sesgar la elaboración de las normas de manera que se acaben satisfaciendo los intereses de los políticos que vieron la oportunidad de llenar un vacío legal y al mismo tiempo los bolsillos de algún individuo o colectivo.

De esta manera es como aparecen normas como el decreto 11/2011 de 18 de febrero que viene a ser el reglamento que desarrolla la ley 10/2005 de Puertos de las Islas Baleares. Un decreto que vio la luz entre los últimos estertores del anterior Gobierno Balear y que a muchos nos pareció una norma elaborada un tanto precipitadamente por el ejecutivo saliente.
Pues bien, esa norma es la que ha posibilitado que en la asignación de los nuevos amarres de base de la ampliación del puerto de Ciutadella se den situaciones que rayarían lo cómico si no fueran dramáticas para las personas que las sufren.

Para empezar, la norma elimina la prioridad de que gozaban las personas físicas sobre las jurídicas a la hora de asignar un amarre de base. Esa prioridad estaba recogida en el decreto 61/2001 de 20 de abril, derogado explícitamente por este nuevo decreto.
En esa falta de prioridad de los particulares sobre las empresas se ha escudado el actual ejecutivo para ir aún más allá de lo que dice la nueva norma y dar prioridad a las empresas sobre los particulares a la hora de asignar amarres de base. De este modo, del centenar largo de nuevos amarres creados en la ampliación, a los particulares sólo van a ir a parar una cincuentena y el resto se asignan «porque yo lo digo» a diferentes empresas o incluso a particulares que pusieron el barco en lista sexta para ahorrarse los impuestos y ahora, de propina, les ha tocado un amarre sin pasar por la lista de espera.

Para continuar la nueva norma fija como primer criterio a la hora de asignar un amarre de base la adecuación de la embarcación para la que se solicita el amarre a las características del amarre disponible. Esto puede parecer normal a primera vista pero ha provocado de hecho situaciones delirantes.

En lugar de coger al primero de la lista y ofrecerle las diferentes posibilidades de amarre que se han creado, lo que ha ocurrido es que se han quedado sin amarre personas que lo habían solicitado para una barca de, digamos 6,97 metros de eslora porque los amarres disponibles eran de 7 metros de eslora mínima.

En cambio otras personas con embarcaciones mayores pero mucho más retrasados en la lista de espera han podido acceder a un amarre, saltando por encima de otros que llevan más tiempo esperando pero que no tuvieron la suerte de apostar a la eslora ganadora.

Para acabar decir que el segundo criterio de asignación es el de residencia habitual, que el propio decreto indica que debe acreditarse mediante certificado de residencia.

Aquí la norma se revela ineficaz en la defensa del «interés jurídico protegido» que es la preeminencia de los residentes sobre los no residentes. El instrumento de acreditación que fija es demasiado fácil de conseguir por parte de un «no residente» como para ser un medio efectivo de prueba de residencia.

Basta con tener una casa en la isla para que el ayuntamiento correspondiente te expida los certificados que te hagan falta. La solución pasaría por una solicitud de información a las bases de datos de Hacienda y quedaría meridianamente claro dónde reside efectivamente cada solicitante: dónde paga sus impuestos.
De este modo han logrado amarres de base personas que apenas pasan en nuestra isla unos días de agosto mientras que muchos isleños se han quedado con dos palmos de narices.