La noticia esta semana es que la Autoridad Portuaria de Balears va a prorrogar la concesión del Club Náutico de Ibiza por un periodo de ventiún años, según ha aparecido en la prensa.
Es una gran noticia y los aficionados a la náutica nos alegramos de que las instalaciones del club no hayan caído en poder de otra empresa privada y con ánimo de lucro.
Este resultado permitirá al Club Ibicenco seguir con sus actividades y confiamos en que no se aproveche por parte de la Autoridad Portuaria para multiplicar el cánon a pagar por los amarres, como ha ocurrido en otros sitios.
Pero la pregunta obligada es ¿Qué pasa con Mahón?
¿Qué ha cambiado en este último año en esa normativa que el Sr. Triay dijo que se veía obligado a aplicar a rajatabla?
El congreso ha "instado" a que la Autoridad Portuaria considere "relevantes" las actividades del club, puerta que dejaba abierta la ley 48/2003 de Puertos para poder prorrogar concesiones.
Es una puerta abierta que la APB no quiso cruzar en el caso del Marítimo de Mahón, por mucho que se le presionó desde multitud de instancias.
Uno puede pensar que existía algún otro interés para obrar como se obró, habida cuenta de las conversaciones grabadas que sacaron a la luz la existencia de negociaciones ciertamente difíciles de explicar en los despachos de la Autoridad Portuaria.
Como difícil será que la APB explique que lo que se puede aplicar en Ibiza no era aplicable en Mahón hace un año.
Los supuestos son idénticos, la normativa es la misma, la Autoridad Portuaria también...y sin embargo la resolución es diametralmente distinta.
Para un observador externo, lo que queda clarísimo es que, si la APB no se está equivocando ahora, se equivocó trágicamente el año pasado.
Si la prórroga de Ibiza es legal, que lo es, la prórroga de la concesión del Marítimo debía haberse otorgado igualmente.
Esta diferente interpretación de las normas deja en evidencia a la APB pero deja meridianamente claro que existe una injusticia flagrante que debe ser reparada.
El Marítimo debe recuperar sus amarres porque arrebatárselos fue un error o algo peor y porque el nuevo concesionario incumple las condiciones de la concesión que se le otorgó.
No ha invertido los cientos de miles de euros que debía invertir en organización de actividades deportivas, algo que su representante aseguró que se haría para no perjudicar el prestigio y el atractivo turístico de Mahón.
Nunca han tenido intención de cumplir esas condiciones.
La APB debe tomar cartas en el asunto y reparar el atropello cometido con Mahón, porque lo ocurrido en Ibiza vuelve a poner en el punto de mira todo lo turbio que ocurrió en el proceso de Trapsa para que la resolución final fuera la opuesta a la que la sociedad menorquina y la lógica querían.
La pelota está en el tejado de la Autoridad Portuaria.
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