Privatiza que algo queda

Publicado en La Gaceta Náutica de Octubre 2011


El anuncio de la privatización de las instalaciones de Ports de les Illes Balears ha provocado una polvareda sobre la que quizás valga la pena hacer un comentario personal.
En mi modesta opinión la privatización puede tener como punto positivo el adelgazamiento del sector público. Es este un objetivo que ya se persiguió en su día cuando se convirtió Ports de les Illes Balears en empresa privada.
El resultado más inmediato y palpable de esa conversión fue la subida de las tasas portuarias en un 16% ya que, al ser liquidadas por una empresa privada, las tasas pasaron a estar sujetas a IVA. No sólo no se redujo el peso de esa administración sino que los usuarios tuvieron que pagar un impuesto sobre una tasa.
Ahora se ha insinuado la posibilidad de ceder directamente las instalaciones a los clubes náuticos, habida cuenta de su condición de entidades sin ánimo de lucro. Al margen de que ello sea o no legal, quisiera comentar algunos puntos que pueden tener su importancia.
Un club náutico, pese a ser una entidad sin ánimo de lucro, no busca necesariamente el interés de la totalidad de los ciudadanos del puerto donde está situado. Como mucho busca el interés de sus socios, dejando de lado a otros colectivos como los pescadores, empresarios de charter, restauradores, armadores de golondrinas, etc. Lo demás no está en sus objetivos.
La administración, al gestionar las instalaciones náuticas, hace de árbitro en las relaciones entre los diferentes colectivos que utilizan esas mismas instalaciones para ganarse la vida y ejercer su actividad. El ceder la gestión de esas instalaciones a uno solo de los colectivos implicados supone romper el equilibrio que debe existir entre ellos para que todos puedan lograr sus objetivos en mayor o menor medida.
Por otro lado los clubes náuticos, pese a ser entidades sin ánimo de lucro, distan mucho de ser entidades benéficas. Para medir la veracidad de esta afirmación basta con comparar las tarifas de amarre de tránsito de los clubes y las de Ports de les Illes Balears.
Por último cabe destacar que los clubes, además de no representar más que a un número limitado de socios, no son inmunes al dominio de determinados grupos de poder. De hecho no es infrecuente ver sentados en los sillones de sus salas de juntas a personajes que acumulan grandes dosis de poder político, económico o fáctico. De forma que poner la totalidad de los amarres de los puertos en manos de esas juntas directivas puede favorecer la creación de monopolios de influencias que obliguen a pasar por tubos bastante estrechos a quienes necesiten un amarre en un momento dado.
Porque la asignación de amarres en Ports de les Illes Balears está regulada por decreto pero en los clubes náuticos muchas veces depende de la decisión personalista de sus presidente o de la connivencia de una junta directiva o incluso de un gerente.
Las asambleas de socios y las juntas directivas muchas veces no tienen la capacidad de controlar adecuadamente que la gestión de los amarres no esté “contaminada” y se desvíe por motivos económicos o de otra índole.
Este panorama tan desolador lógicamente no afecta a todos los clubes ni mucho menos, sino que son notables los casos en que un club es modelo de gestión y de ecuanimidad en sus tarifas y servicios.
Por otro lado las empresas privadas de gestión de amarres, salvo honrosas excepciones, tampoco son la panacea para la correcta gestión de los bienes públicos que son los amarres. Así es de todos conocida la situación del Puerto de Mahón con sus desorbitados crecimientos en las tarifas, incumplimientos en los términos de las concesiones, etc. Pero en otros puertos es moneda corriente el cobro de tarifas abusivas así como el condicionamiento de comprar el barco a una empresa concreta para conseguir un amarre o la especulación salvaje a precios estratosféricos que ponen los amarres totalmente fuera del alcance de los habitantes de la isla.
Todo lo que he comentado podría constituir el motivo por el que las listas de espera de amarres de la administración son siempre más numerosas que las de los clubes o las de las marinas, cuando éstas existen.
De forma que, en mi modesta opinión, lo que debe plantearse como objetivo el nuevo gobierno es mejorar la gestión de Ports y potenciar el papel de estas instalaciones como dinamizadoras de la economía y del turismo náutico. Este objetivo no se consigue en absoluto mediante la subida de tarifas derivada del canon que paga el ganador de un concurso sino aumentando la eficiencia de la gestión pública y la calidad de los servicios ofertados por la administración. Quitarse el muerto de encima y dejárselo a otro para que lo convierta en una mina de oro a costa del amarrista no es la solución. Que no es fácil salta a la vista pero creo que algún día alguien tendrá que empezar a hacer las cosas como deben hacerse.