La lista de espera del puerto de Ciutadella la integran 518 personas que en algunos casos hace más de 20 años que esperan un amarre sin que en ese periodo haya corrido ni una sola plaza de la lista de espera. Todos tenían su esperanza puesta en la ampliación del puerto que acaba de ejecutarse.
Sin embargo Ports de les Illes Balears ya ha anunciado que el 20% de los nuevos amarres serán destinados a tránsito, por lo que la cantidad destinada a base se reduce de forma importante.
Por si eso fuera poco también se ha decidido entregar, al margen de la lista de espera, una serie de amarres a las empresas de alquiler de embarcaciones. De este modo estas empresas, que la anterior legislación ponía por detrás de los ciudadanos particulares, pasan a ser prioritarias y a librarse de la incomodidad que supone inscribirse en una lista de espera.
Poco importa que esas empresas ya se hayan beneficiado de facto de la permisividad de Ports con anterioridad, comprando amarres ilegalmente o consiguiéndolos por “simpatía” o por cualquier otro medio. Así cada barco de lista sexta o incluso de bandera extranjera que ha llegado para alquilarse en Ciutadella ha ido ocupando amarres que, en justicia, deberían haber sido entregados a las personas de la lista de espera.
Pero el tercer mordisco que se le va a pegar a los amarres que deberían asignarse a la lista de espera es una desagradable sorpresa para todos.
Existe en el puerto una cierta cantidad de armadores que ocupan un amarre de forma irregular. En algunos casos se trata de personas que han cambiado de embarcación por una mayor sin contar con el permiso de Ports y en otros casos se trata de personas que han comprado una parte de una embarcación para conseguir de este modo ocupar el amarre.
En cualquier caso se trata de irregularidades que el nuevo reglamento de 2011 en su artículo 74 castiga con la pérdida del derecho a amarrar mediante la instrucción del correspondiente expediente.
Pues bien, corre el rumor de que Ports, en lugar de hacer cumplir la ley, ha decidido legalizar estos casos entregándoles un amarre sin necesidad de pasar por la lista de espera. Para justificar esta decisión se dice que se les hará pagar una tarifa de tránsito en lugar de la de base.
El problema es que no estamos discutiendo sobre tarifas, sino sobre personas que hace 20 años que están esperando mientras otras toman un atajo y se hacen con un amarre por la vía rápida. Se trata de estar inscrito en una lista habiendo pagado una tasa y ver cómo los espabilados de turno se van colando uno tras otro sin que nadie tome cartas en el asunto y ponga un poco de cordura en este tema.
Además el perjuicio económico que se ha provocado a las arcas autonómicas con la inoperancia y la indecisión de los políticos que han gestionado este ente es enorme desde el momento en que muchos armadores están pagando amarres que son la mitad de la superficie que tiene su actual embarcación mientras que hay otros que ni siquiera están pagando cuota alguna. El problema es que Ports no ha querido cobrarles lo que les corresponde para que ese cobro no suponga un reconocimiento implícito de ningún derecho de amarre.
Pues bien, si finalmente se decide no aplicar la ley y amarrar a cualquier precio a quienes han conculcado la normativa a su antojo por delante de quienes llevan décadas esperando estaremos ante uno de los episodios más indignantes que jamás se hayan dado en un puerto de Baleares. Aquí estaremos para contarlo.
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