DESCONTROL DE CONCESIONES

(artículo publicado en La Gaceta Náutica)

Estas semanas volvemos a tener los periódicos cargados de noticias judiciales que afectan a la APB.

Sin embargo a mí me gustaría hacer un comentario desde una óptica diferente a la de la denuncia de la corrupción, la prepotencia y el mangoneo. Me gustaría comentar concretamente su diligencia a la hora de controlar las concesiones que otorga o, en este caso, la ausencia absoluta de ella.

Tirando un poco de hemeroteca nos encontramos en mayo de 2008 una entrevista en la prensa local al gerente de Trapsa. En dicha entrevista, este señor se daba golpes en el pecho y “garantizaba” la continuidad de la actividad náutico-deportiva del Club Marítimo. Concretamente se comprometía ante la ciudadanía y a través de la prensa local a “potenciar y fomentar la escuela de vela, competiciones, cursos de vela-pesca-piragua, actividades subacuáticas (concursos de fotografía y cursos de buceo) y regatas de alto nivel de crucero”.

En septiembre del mismo año, la misma persona recordaba que el concurso para conseguir la concesión obligaba a presentar una oferta de promoción de las actividades náuticas y que esa era la segunda cuestión más valorada en el mismo.

Pues en 2011 todavía no se ha visto ni el más mínimo movimiento por parte de Trapsa para dar cumplimiento a las promesas que hizo a través de su gerente en 2008 y que tan importantes eran para ganar la adjudicación de los amarres.

No sólo eso sino que cuando por fin el Club Marítimo de Mahón logró recuperar la Copa del Rey de Barcos de Época, los armadores de los mismos tuvieron que rascarse el bolsillo para pagar el amarre de sus embarcaciones, rompiendo así con la tradición de gratuidad que existía para los días previos y posteriores a la regata.

Pero el dinero es el dinero y las promesas se las lleva el viento. Sobre todo si quien te otorga una concesión no se preocupa luego lo más mínimo de que cumplas tus compromisos.

De esta forma nos encontramos el 10 de agosto de 2009 una carta en el periódico en la que un armador se queja de la falta de duchas, de sede social y de lavandería por parte de la empresa gestora de los amarres. Las palabras que utiliza el ciudadano para calificar la situación son: “Atraco, Grosería, Abuso y Timo”. Todo ello bajo la autocomplaciente y bovina mirada de la APB.

Se deduce que la APB entiende la adjudicación de concesiones como un proceso con el único objetivo de recaudar un sustancioso canon. Lo que se ponga en la propuesta y el mayor, menor o totalmente nulo cumplimiento de ésta ya no le importa nada en absoluto. El único trabajo tras la adjudicación es alargar el brazo para coger el dinero y procurar que no le dé un calambre en los dedos al contar los fajos de billetes.

Según hemos podido saber estos días, Trapsa pudo haber cedido un número de amarres a otra empresa para saldar deudas, lo que constituye una clarísima infracción de las cláusulas de su concesión y motivo suficiente para rescindirla.

Sin embargo la APB no se da por aludida y ni actúa de oficio, ni resuelve nada ni abre ningún expediente…nada de nada. Así da igual que la prensa venga llena de noticias sobre el tema: en la APB es como si Gutemberg no hubiera existido jamás.